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Texto y fotos: Celia Guerrero
“La justicia no es negociable”, aclaró Norma Ledezma, fundadora de la asociación civil Justicia para Nuestras Hijas. Paloma, su hija, desapareció el 2 de marzo de 2002, y su cadáver fue localizado 27 días después en la zona conocida como El Campo Algodonero. Tenía 16 años, estudiaba computación y trabajaba en una maquiladora.
Norma Ledezma respondió así a las promesas y peticiones de perdón de diputados y senadores que escucharon ensimismados su relato el pasado 28 de julio en el Castillo de Chapultepec. Habló después de Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y precandidata presidencial del partido en el poder, quien afirmó que “hoy las puertas del Congreso de la Unión se abren de par en par a las exigencias de la sociedad civil”.
“Escuchar a la legisladora decir que hoy se han abierto sus puertas es lamentable –apuntó la madre. Llevamos cinco horas en este encuentro, dos sexenios y tres gobernadores, exigiendo justicia (…) en lo personal nueve años, cuatro meses y 26 días, tocando puertas que no se abren”.
La reunión entre miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabezan víctimas de la violencia mexicana, y los representantes del Congreso de la Unión, llevaba, en efecto, más de cinco horas. El rostro compungido y serio de legisladores comenzaba a tornarse pardo.
Habían llegado a la reunión con ánimo festivo, saludándose efusivamente, en punto de las 10 de la mañana. Las víctimas y familiares, que también son víctimas, entraron después y dejaron claro que esta no era una reunión social.
“Ustedes han sido operadores políticos de los intereses partidocráticos y no servidores de los ciudadanos, para ustedes, la educación, la cultura, la ciencia, la paz ciudadana y la tragedia de las víctimas de la guerra no han sido prioridad de sus corazones ni del gasto público, pero sí lo son sus partidos y sus elecciones onerosas y corruptas”, soltó, de entrada, Javier Sicilia, en un discurso de 40 minutos que hizo al poder legislativo corresponsable de los muertos del sexenio.
“¿Ustedes creen que los ciudadanos somos de verdad idiotas?”, cuestionó el líder del movimiento.
Los legisladores perdieron la sonrisa, mientras las víctimas hablaban.
Primero fue Julio Cesar Márquez, padre de uno de los niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC, en Sonora, quien demandó a los legisladores un periodo extraordinario para aprobar la Ley 5 de Junio, que “garantizará estándares de calidad en atención a los niños”.
Luego fue Gabriela Cadena, madre de Gabriel Alejos Cadena, asesinado junto con Juan Francisco Sicilia, el 28 de marzo. Exigió considerar un presupuesto específico para crear un fondo para víctimas, ya que después de la muerte de un familiar, “los que quedamos vivos luchamos por recuperar la paz emocional y económica”. Y lloró con el poeta, sentado a su derecha, al recordar ambos que ese día, cuatro meses antes, asesinaron a sus hijos.
Sin pausas llegó la intervención de Yuriana Armendariz, habitante de Creel, el pueblo de Chihuahua que inauguró las masacres de esta guerra. “Hemos descubierto que El Colibrí, autor intelectual y material de la masacre, es sobrino directo de la entonces procuradora estatal Patricia González”, gritó la joven, hermana de uno de los 13 asesinados en Creel. Reclama que confundieron a su hermano con criminales y que el presidente Felipe Calderón, “ese pequeño presidente que tenemos, desconocía totalmente lo que pasó en mi pueblo”
Sólo hubo silencio. Ni los panistas defendieron al presidente ni los priístas al ex gobernador Jesús Reyez Baeza, a quien llamó “el inepto ese”.
María Concepción Vizarreta Salinas, de Oaxaca, demandó justicia para sus familiares desaparecidos en Tamaulipas. Jesús Lara, en representación de los pueblos indígenas, exigió que se respete el centro ceremonial Wirikuta, tema que ningún legislador retomó. Julián LeBarón volvió a poner las tildes a las palabras: “Ustedes, los legisladores que presumen ser nuestros representantes, se han mostrados ciegos a la muerte que los rodea, sordos a los gritos desesperados de indefinición”.
Los legisladores no lograrían superar sus rejuegos políticos. Se dijeron impresionados, adoloridos,impactados por los testimonios que escuchaban. Algunos respondieron a la demanda de perdón de Sicilia: Arturo Escobar, del Verde Ecologista, Armando Ríos Piter, del PRD, el senador panista José González Morfín, la diputada Vázquez Mota. Ninguno del PRI tendría ese gesto.
Del otro lado de la mesa de diálogo, los rostros eran de incredulidad a los discursos políticos, cruzados los brazos, expresiones de desespero, indignación.
Emilio Álvarez Icaza, ex Ombudsman capitalino, propuso la creación de una ley integral para la atención de víctimas. Manifestó el desastre en el que se encuentra el Servicio Médico Forense (Semefo) de México. Pidió a los legisladores la planeación de un presupuesto para la creación de una base de datos de desaparecidos y un registro nacional para personas desaparecidas accesible para el público. “Adelantémonos a lo que pasó en Colombia. Un Estado ausente es eventualmente peor que un Estado fallido, porque no existe”, concluyó.
En la misma línea, Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), pidió a los legisladores: “miren el espejo latinoamericano y cuiden a México”. Propuso además la creación de una auditoria federal de las policías que, sujeta a la Auditoría Superior de la Federación, vigilaría el desempeño de las policías en el país.
Las propuestas de las víctimas quedaron en la mesa: Reforma Política (revocación de mandato, plebiscito, referéndum, candidaturas ciudadanas, voto en blanco), Comisión de la Verdad, Ciudadanizar el Consejo de Seguridad Pública, Fondo de Apoyo para Víctimas y un rechazo rotundo a la nueva Ley de Seguridad Nacional.
En este último punto los legisladores hicieron mutis. En el resto, dijeron sí a todo: “sí a la ley de víctimas, sí a la comisión de la verdad, sí al fondo para víctimas, sí a los cinco ciudadanos representantes del Movimiento en cada Cámara, sí a la auditoría de las policías, sí a la reforma política”, enumeró, y palomeó en sus escritos Álvarez Icaza.
Dijeron que sí, pero no cuándo. “Sería muy difícil que hubiera una conclusión de todos los representantes de la Cámaras (…) Pero tenemos todo el interés de discutir del tema presupuestal con el Ejecutivo”, dijo Manlio Fabio Bletrones, presidente de la mesa directiva del Senado.
Lo demás quedó en el discurso de bienvenida del senador Beltrones: “Ustedes tienen la palabra, nosotros la obligación”. Y en la respuesta ahogada de Norma Ledezma: “¡La justicia no es negociable!”.
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