La defensa es de quienes la trabajan

14 09 2011

Texto y foto por Celia Guerrero

Acapulco, Gro. sep 2011.- Porta uniforme verde olivo, pero al mirarlo por la espalda se lee bordado en letras amarillas “Policía Comunitaria”. Debajo de la gorra negra, su piel cobre, sus rasgos nahuas, las manos duras y añejadas lo delatan, es originario de la montaña de Guerrero.

Su nombre es Claudio Carrasco y es coordinador regional del Crucero de Espino Blanco, Malinaltepec. Se congratula de pertenecer a la Policía Comunitaria de Guerrero, la cual cumplirá 16 años el próximo 15 de octubre.

Señala que lo principal es acordar por escrito el reconocimiento de las policías comunitarias y su trabajo por medio de usos y costumbres. En vísperas de la celebración, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) ha realizado diversas mesas de debate con autoridades gubernamentales en busca de legitimidad y autonomía de estas policías.

“Estamos buscando una relación con el gobierno no para que nos reconozcan, porque nosotros ya tenemos el reconocimiento de nuestro pueblo, lo que queremos es que nos respeten y nos dejen trabajar”, aclara.

La Policía Comunitaria de Guerrero se gestó a partir de 1995, cuando comienzan los enfrentamientos entre grupos criminales tanto en la Costa Chica (comunidades mestizas) como en la región de la montaña (comunidades indígenas).

A la fecha existen tres casas de justicia: San Luis Acatlán, Crucero de Espino Blanco y Zitlaltepec. Cada una de las anteriores cuenta con entre tres o cuatro coordinadores y comandantes regionales.

En total más de 700 policías comunitarios laboran en 11 municipios. Estos, sin percibir ningún tipo de salario, imparten justicia a través de usos y costumbres propios de las comunidades donde pertenecen.

El coordinador de la región de la montaña resalta que los resultados en materia de seguridad, por la presencia de las policías comunitarias en Guerrero, son evidentes.

“Hemos estado resolviendo asuntos desde el más mínimo hasta el más grave y la delincuencia en la región disminuyó un 95 por ciento”, afirma.

Respecto a los actuales niveles de violencia en el país, opina que las comunidades deben tener la libertad de unirse para defender sus intereses frente al crimen organizado, “de nombrar su policía comunitaria o irse con el sistema de gobierno”.

Por este motivo una comisión representiva de la CRAC, cuatro coordinadores regionales y nueve policías comunitarios, participó en la manifestación realizada en Acapulco, encabezada por el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, el pasado sábado.

Javier Morlet Macho, padre de Adriana Morlett, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México desaparecida desde el 6 de septiembre de 2010 y organizador del movimiento, al anunciar la visita de la caravana al puerto mencionó que se busca aprender del modelo y la organización de la Policía Comunitaria, como alternativa de defensa contra la delincuencia.

Por su parte, el hombre color cobre que porta uniforme verde olivo prevé que en los próximos meses se adhieran a su organización nuevos municipios.

“Hemos estado saturados de trabajo. Las últimas cuatro comunidades que se han adherido son del municipio de Acatepec y pensamos que se van a integrar más porque hay necesidad”, concluye.

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Otro Guerrero

11 09 2011

Texto y fotos por Celia Guerrero

Chilpancingo, Gro. 10 de septiembre 2011.- Amador Cortés y Hugo Juárez se mantuvieron alertas durante el viernes nueve de septiembre, no durmieron ni descansaron, vigilantes del recinto en donde algunos integrantes del Movimiento de la Paz con Justicia y Dignidad  pasaron la primera velada de la Caravana al Sur, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.

Ya en la madrugada, pasadas las 12 de la noche, decidieron junto con el resto de la comisión de seguridad cerrar las rejas del lugar, cuando un vehículo conducido por sicarios armados pasó por la calle de Circunvalación, justo frente la patrulla de Policía Federal que también resguardaba las instalaciones, cuentan.

“De tres años para acá se ha vuelto normal, o mejor dicho común, verlos pasar”, platica Hugo Juárez.

Informes de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil reportaron un repunte de la violencia en 2008, con más de 360 ejecuciones en Guerrero, señalando los secuestros y la creciente corrupción policial como resultado de la lucha entre grupos criminales.

Igualmente, Chilpancingo creció exponencialmente en los últimos 40 años, de 36 mil 193 habitantes en 1970 a 187 mil 251 en 2010 según datos del INEGI. “Ya no es un pueblo de banqueta como antes”, comenta Amador Cortés, originario del Tlacoapa, Guerrero.

Explica que él bajó de la región de la montaña, aludiendo a la migración que realizan los pueblos indígenas, como tantas otras personas que en busca de trabajo y servicios salen de sus lugares de origen en la Sierra de Guerrero, hacia la capital del Estado.

En su camino, hace casi 6 años, se convirtió en fundador de la colonia “Emperador Cuauhtémoc”. Se trata de un grupo de colonos que intentan preservar en Chilpancingo los usos y costumbres de las comunidades a las que pertenecieron antes de migrar.

Pertenece al Consejo Indígena y Popular de Guerrero y al Frente de Masas  Populares de Guerrero, agrupación de organizaciones que recibió en esa primera parada a los caravaneros, formada hace tres meses “dada la necesidad coyuntural de unidad de luchas”, afirma Amador Cortés.

“Aprovechamos el cambio de gobierno para formarla, porque ya era necesario. La transformación no lo va a generar el gobierno, Ángel Aguirre (gobernador del Estado) tiene toda la escuela del Partido Revolucionario Institucional (PRI), son los mismos métodos corporativos pero con manejo político populista”, opina.

El pasado mes de enero el Partido de la Revolución Democrática (PRD) subió al frente del gobierno del estado de Guerrero, después ser regido por el PRI.

Sin embargo en el Estado permanecen y se incrementan los crímenes en la zona de la montaña, municipios, capital e incluso en el famoso puerto turístico de Acapulco.

“Quisiera irme con la caravana, porque hace falta que nos unamos todos los mexicanos para exigir seguridad. Como nuestros compañeros de la policía comunitaria de la montaña, pero esa es otra historia”, dice Amador Cortés.





La justicia no es negociable

30 07 2011

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Texto y fotos: Celia Guerrero

“La justicia no es negociable”, aclaró Norma Ledezma, fundadora de la asociación civil Justicia para Nuestras Hijas. Paloma, su hija, desapareció el 2 de marzo de 2002, y su cadáver fue localizado 27 días después en la zona conocida como El Campo Algodonero. Tenía 16 años, estudiaba computación y trabajaba en una maquiladora.

Norma Ledezma respondió así a las promesas y peticiones de perdón de diputados y senadores que escucharon ensimismados su relato el pasado 28 de julio en el Castillo de Chapultepec. Habló después de Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y precandidata presidencial del partido en el poder, quien afirmó que “hoy las puertas del Congreso de la Unión se abren de par en par a las exigencias de la sociedad civil”.

“Escuchar a la legisladora decir que hoy se han abierto sus puertas es lamentable –apuntó la madre. Llevamos cinco horas en este encuentro, dos sexenios y tres gobernadores, exigiendo justicia (…) en lo personal nueve años, cuatro meses y 26 días, tocando puertas que no se abren”.

La reunión entre miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabezan víctimas de la violencia mexicana, y los representantes del Congreso de la Unión, llevaba, en efecto, más de cinco horas. El rostro compungido y serio de legisladores comenzaba a tornarse pardo.

Habían llegado a la reunión con ánimo festivo, saludándose efusivamente, en punto de las 10 de la mañana. Las víctimas y familiares, que también son víctimas, entraron después y dejaron claro que esta no era una reunión social.

“Ustedes han sido operadores políticos de los intereses partidocráticos y no servidores de los ciudadanos, para ustedes, la educación, la cultura, la ciencia, la paz ciudadana y la tragedia de las víctimas de la guerra no han sido prioridad de sus corazones ni del gasto público, pero sí lo son sus partidos y sus elecciones onerosas y corruptas”, soltó, de entrada, Javier Sicilia, en un discurso de 40 minutos que hizo al poder legislativo corresponsable de los muertos del sexenio.

“¿Ustedes creen que los ciudadanos somos de verdad idiotas?”, cuestionó el líder del movimiento.

Los legisladores perdieron la sonrisa, mientras las víctimas hablaban.

Primero fue Julio Cesar Márquez, padre de uno de los niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC, en Sonora, quien demandó a los legisladores un periodo extraordinario para aprobar la Ley 5 de Junio, que “garantizará estándares de calidad en atención a los niños”.

Luego fue Gabriela Cadena, madre de Gabriel Alejos Cadena, asesinado junto con Juan Francisco Sicilia, el 28 de marzo. Exigió considerar un presupuesto específico para crear un fondo para víctimas, ya que después de la muerte de un familiar, “los que quedamos vivos luchamos por recuperar la paz emocional y económica”. Y lloró con el poeta, sentado a su derecha, al recordar ambos que ese día, cuatro meses antes, asesinaron a sus hijos.

Sin pausas llegó la intervención de Yuriana Armendariz, habitante de Creel, el pueblo de Chihuahua que inauguró las masacres de esta guerra. “Hemos descubierto que El Colibrí, autor intelectual y material de la masacre, es sobrino directo de la entonces procuradora estatal Patricia González”, gritó la joven, hermana de uno de los 13 asesinados en Creel. Reclama que confundieron a su hermano con criminales y que el presidente Felipe Calderón, “ese pequeño presidente que tenemos, desconocía totalmente lo que pasó en mi pueblo”

Sólo hubo silencio. Ni los panistas defendieron al presidente ni los priístas al ex gobernador Jesús Reyez Baeza, a quien llamó “el inepto ese”.

María Concepción Vizarreta Salinas, de Oaxaca, demandó justicia para sus familiares desaparecidos en Tamaulipas. Jesús Lara, en representación de los pueblos indígenas, exigió que se respete el centro ceremonial Wirikuta, tema que ningún legislador retomó. Julián LeBarón volvió a poner las tildes a las palabras: “Ustedes, los legisladores que presumen ser nuestros representantes, se han mostrados ciegos a la muerte que los rodea, sordos a los gritos desesperados de indefinición”.

Los legisladores no lograrían superar sus rejuegos políticos. Se dijeron impresionados, adoloridos,impactados por los testimonios que escuchaban. Algunos respondieron a la demanda de perdón de Sicilia: Arturo Escobar, del Verde Ecologista, Armando Ríos Piter, del PRD, el senador panista José González Morfín, la diputada Vázquez Mota. Ninguno del PRI tendría ese gesto.

Del otro lado de la mesa de diálogo, los rostros eran de incredulidad a los discursos políticos, cruzados los brazos, expresiones de desespero, indignación.

Emilio Álvarez Icaza, ex Ombudsman capitalino, propuso la creación de una ley integral para la atención de víctimas. Manifestó el desastre en el que se encuentra el Servicio Médico Forense (Semefo) de México. Pidió a los legisladores la planeación de un presupuesto para la creación de una base de datos de desaparecidos y un registro nacional para personas desaparecidas accesible para el público. “Adelantémonos a lo que pasó en Colombia. Un Estado ausente es eventualmente peor que un Estado fallido, porque no existe”, concluyó.

En la misma línea, Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), pidió a los legisladores: “miren el espejo latinoamericano y cuiden a México”. Propuso además la creación de una auditoria federal de las policías que, sujeta a la Auditoría Superior de la Federación, vigilaría el desempeño de las policías en el país.

Las propuestas de las víctimas quedaron en la mesa: Reforma Política (revocación de mandato, plebiscito, referéndum, candidaturas ciudadanas, voto en blanco), Comisión de la Verdad, Ciudadanizar el Consejo de Seguridad Pública, Fondo de Apoyo para Víctimas y un rechazo rotundo a la nueva Ley de Seguridad Nacional.

En este último punto los legisladores hicieron mutis. En el resto, dijeron sí a todo: “sí a la ley de víctimas, sí a la comisión de la verdad, sí al fondo para víctimas, sí a los cinco ciudadanos representantes del Movimiento en cada Cámara, sí a la auditoría de las policías, sí a la reforma política”, enumeró, y palomeó en sus escritos Álvarez Icaza.

Dijeron que sí, pero no cuándo. “Sería muy difícil que hubiera una conclusión de todos los representantes de la Cámaras (…) Pero tenemos todo el interés de discutir del tema presupuestal con el Ejecutivo”, dijo Manlio Fabio Bletrones, presidente de la mesa directiva del Senado.

Lo demás quedó en el discurso de bienvenida del senador Beltrones: “Ustedes tienen la palabra, nosotros la obligación”. Y en la respuesta ahogada de Norma Ledezma: “¡La justicia no es negociable!”.