¡Los queremos vivos, Nos queremos vivos!

9 05 2012

En Puebla, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, DF, Campeche, Nuevo León, Chihuahua, los periodistas salimos esta semana a la calle para pedir que cese la cacería de periodistas en Veracruz, exigir justicia y gritar: ¡Losqueremosvivos, Nosqueremosvivos! Aquí algunas crónicas y mensajes mandados desde los frentes de lucha. Si quieres colaborar con la tuya escribe a periodistasdeapie@gmail.com

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Estimad@s: Acabo de estar junto a reporteros, fotógrafos y amigos solidarios de ContingenteMx en el acto de protesta y duelo por los compañeros asesinados en Veracruz.

Me da gusto ver que hay gente que se mueve, que sale de su casa para manifestar el luto en forma pública, que no es la butaca del cine desde donde tuitea #losqueremosvivos, #nosqueremosvivos. Leer el resto de esta entrada »





“Contar, pero contar bien”

11 10 2011

En entrevista exclusiva, la periodista argentina Leila Guerriero nos relata cómo contar historias la ha llevado a ser una de las principales cronistas en América Latina, de la aceptación de éste en cuánto a su experiencia y de las influencias poéticas y narrativas que le han ido formando poco a poco su estructura narrativa.

Por Juan Eduardo Flores Mateos




Las mil plagas de la copra

23 03 2011

Marcela Turati

Proceso # 1794, 20 de marzo de 2011

 

Han sido muchas las calamidades que golpearon a los productores de coco y copra de Tabasco: la contaminación que les llevó Pemex con sus mecheros y lluvia ácida; la fauna desplazada por el desmonte de otras zonas y que se alimenta de los frutos; algunos insectos… pero la peor fue haber caído en manos de explotadores que aparentemente les escamotean las ganancias de una empresa que los copreros construyeron con muchos años de trabajo.

 

PARAÍSO, TABASCO.- Éver Oyosa Márquez tiene 88 años y la certeza de que la muerte se aproxima. Narra a Proceso su historia de sobreviviente a dos operaciones de corazón, su desgracia como productor de coco y las 10 mil acciones que compró para construir el emporio de la copra (la pulpa seca del coco), del que nunca ha visto ganancias.

Extiende un recibo amarillento fechado el 9 de diciembre de 1979 y firmado por su hermano Raúl, donde consta que vendió 7 mil 707 kilos de copra por un total de mil 541 pesos; por cada kilo le descontaron 30 centavos para construir una fábrica. “Este recibo –advierte la leyenda impresa– se canjeará por su equivalente en acciones de Oleaginosas del Sureste, SA”.

Con ese descuento –primero de 10 centavos por kilo, luego de 30, durante ocho años–, alrededor de 6 mil copreros de siete municipios levantaron una industria con centros de acopio, terrenos, fábricas, máquinas y camiones, para asegurarse una pensión en la vejez.

“Se ha muerto un resto de productores esperando recibir unos centavos de todo lo que invertimos. Unos muertos son mis hermanos Humberto, Mario y Bolívar, que no vieron nada”, dice. “Nuestra vida es un poquito medio trágica”.

Éver Oyosa se quedó sin tierra: Pemex se la echó a perder con la lluvia ácida. Sus ahorros en el banco se esfumaron con la devaluación lopezportillista. De sus acciones nunca ha visto ganancias. Pero sigue en la lucha. Por eso un domingo de cada mes va a una bodega en la carretera Paraíso-Puerto Ceiba, donde se encuentra con otros accionistas que durante 11 años han peleado por las utilidades que les corresponden del emporio de la copra. Proceso acudió a una de esas asambleas.

–El problema es que el líder de los copreros nos tiene subyugados, nos paga como quiere –dice Agustín Segura, de 71 años.

–¡A veces hasta fiado! –se escucha el grito desde el fondo de la bodega.

–No tenemos apoyo ni fertilizantes. Somos accionistas pero no gozamos ni un beneficio de la planta. Han muerto unos 20, 30 compañeros esperando que llegue… y nada –vuelve a reclamar don Agustín.

La furia está dirigida contra Pedro Rodríguez Reyes, un profesor que nunca se dedicó a la producción del coco, que cuando la empresa fue declarada en bancarrota se sumó al movimiento de accionistas que querían recuperarla y que en 1997 quedó como su director.

Desde entonces es llamado el Zar de la Copra. Escaló a diputado priista. En la asamblea lo acusan de andar en carros de lujo, ser protegido de los gobernadores y tener guaruras.

En un rosario de quejas dicen que han protestado en Villahermosa, solicitado reuniones con funcionarios, denunciado la corrupción en los noticieros, contratado abogados, solicitado ayuda con legisladores y políticos, y hasta enviado cartas a Los Pinos, pero nunca han sido escuchados.

–Nos quitaron hasta 30 centavos por kilo para hacer la fábrica, están riquísimos con puro carro de lujo y nosotros no tenemos ni bicicleta, tenemos que recorrer todas las dependencias y no nos escucha toda esa mafia –grita enojado Gustavo Colorado Chang, de 69 años, quien llegó a recoger hasta 95 mil kilos de coco en un año.

–A nosotros nos descontaban para todo, para comprar los camiones, para acarrear la copra, pagamos el teléfono y la gasolina, y ese señor nomás ha vivido de nosotros. Pero todavía los del gobierno federal le dan sus billetes –denuncia Lucía Suárez González, de Centla.

Muchos ancianos representan en la asamblea a otros que ya no pueden moverse. O incluso a difuntos. En su lugar llegan las nuevas generaciones, como Carmen Santos de la Cruz, de 68 años, hija de una pareja de accionistas finados.

–No estamos pidiendo que nos regalen nada. Lo único que queremos es que el gobierno intervenga y ayude a que nos paguen todas las acciones de la fábrica que construimos con nuestro sudor. Ya nos estamos muriendo y no tenemos nada –tiembla enojado, con su cara de tronco viejo, con la voz temblorosa Víctor León Ramírez de 85 años.

Desesperado, el septuagenario Encarnación Bautista Moa, dueño de la bodega donde se reúnen los accionistas, empezó a vender su terreno en lotes “a modo de sobrevivir”, explica. Ya no resembró. “Pensé meter una vaca que a los seis meses ya tiene becerro y vale 3 o 4 mil, y si resiembras vas a cosechar hasta dentro de ocho o 10 años. Ya no reditúa, ya no da”.

 

Rescate milagroso

 

Oleaginosas del Sureste, empresa de capital social, se constituyó el 26 de mayo de 1972 con un aporte inicial del Banco Agropecuario del Sureste y con los descuentos a los productores de coco de Paraíso, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Nacajuca y Jalpa de Méndez. La aportación comunitaria se calcula en 37 millones de pesos.

En 1993 los directivos de la empresa la declararon en quiebra. En 1996 un tribunal declaró nulo el hecho y desde 2000 volvió a operar, ahora con el nombre de Copreros Unidos de Tabasco, bajo la dirección de Rodríguez Reyes y otros socios-accionistas a los que se acusa de haber asumido al poder a escondidas de los productores.

Según los datos del Comité de Lucha Oleaginosas del Sureste, creado para pelear por el reconocimiento de las acciones, alrededor de 6 mil 167 campesinos que financiaron la planta poseen 12.7 millones de acciones, de las que no han visto ganancias.

Cuando Oleaginosas del Sureste se declaró en quiebra tenía un terreno de 9 hectáreas, planta de extracción mecánica para 40 mil toneladas anuales de copra, planta de refinación e hidrogenación para 14 mil toneladas de aceite, planta de extracción de solventes para 60 mil toneladas de frijol de soya, planta electrolítica para 340 mil metros cúbicos de hidrógeno, almacenes y construcción para oficina, cinco tráileres y dos camiones, la fábrica Jabones del Sureste y producía aceite y pasta de coco.

Además cubría demandas de fábricas como Coca-Cola, Corona y Bimbo.

Hace 11 años, cuando la empresa se reactivó, los copreros volvieron a vender su producto a la fábrica. Pero nunca recibieron utilidades.

Según el comité, cuando reclamaron beneficios Rodríguez Reyes les dijo que dado que la empresa llevaba nuevo nombre hubo “borrón y cuenta nueva”. Después se justificó con el desplome del precio de la copra. Luego dijo que le tenían que quitar tres ceros al costo de sus acciones cuando se le quitaron los ceros al peso. Luego pidió que ellos realizaran un avalúo de la planta para que vieran cuánto les correspondía.

“Entre 200 compañeros pagamos 60 mil pesos para el avalúo; imagínese lo que significa para la gente de la tercera edad. Tuvieron que vender animales para pagarlo. Nos dijeron que valía 121 millones de pesos”, dice el presidente del comité, Javier López Contreras.

“Fuimos con don Pedro, le dijimos eso y nos respondió: ‘Las acciones no se las podemos pagar, hagan lo que quieran. Vayan al Vaticano, traigan a George Bush o al presidente, a mí no me hacen nada’. Lo dijo frente a los funcionarios de la Sedafop (Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca).

“Hasta el momento el gobierno del estado no quiere intervenir porque lo considera un pleito entre particulares. Y yo me pregunto, ¿de quién son responsabilidad los recursos del estado, si Sagarpa y Sedafop le dan recursos?”, alterna el productor Bernardo Paniagua, secretario del comité.

Ambos dicen que han sido amenazados por mantener su lucha.

 

Las plagas del coco

 

Eladio López Pérez, de 72 años, se pasea por sus 11 hectáreas de palmeras. Pero los árboles no están sanos: troncos pelones, calvos, sin penacho; plantas de 12 años que nunca dieron el estirón y otras que parecen saludables pero alumbran cocos del tamaño de un mango. Todas tienen las hojas amarillentas, con manchas negras por el humo tóxico de Pemex.

Don Eladio va pateando cadáveres de cocos: unos de tamaño de un tamal porque así los abortó la planta antes de que maduraran; otros, grandecitos, antojables, que tienen mordidas de ardillas que se comieron su pulpa y se bebieron su jugo. Otros del tamaño de un balón pero viejos, casi petrificados, y son una muestra de lo que un día produjo esta tierra.

El coprero añora los tiempos en los que recogía hasta 5 mil cocos cada 15 días. Ahora si acaso recoge 10 mil cocos enanos en todo el año. Y eso que vive en Paraíso, que producía 80% de la copra del país y que daba también cacao, pimienta y cítricos.

Las plagas que arruinaron al coco son muchas: la llegada de Pemex que instaló mecheros en la zona; la devastación de 2 mil hectáreas para construir el puerto de altura; el desplazamiento por deforestación de las ardillas que se comen los cocos; el envejecimiento de los cocotales; la llegada de las plagas de abejorro picudo y amarillo letal; la apertura comercial a los aceites de otros países; la falta de transparencia de El Zar de la Copra y sus colaboradores; el desmonte de terrenos para alimentar ganado.

Para contrarrestar las plagas el líder de los copreros y el gobierno estatal exportaron la variedad de coco híbrido enano malayo que se mezcló con la local, el alto del Pacífico, y dio frutos pequeños que, aunque crecen rápido, dan menos carne y viven la mitad del tiempo. Y no todos pudieron sembrar.

“El sector coprero hizo el planteamiento de sembrar el coco híbrido, pero los compañeros de la tercera edad no pueden hacer el trabajo de tumbar la mata adulta, como plantea el gobierno del estado y esperar hasta cuatro años para que crezca la planta. Ellos necesitan comer todos los días. En Tabasco el coco ya no es negocio”, explica don Eladio.

Su ayudante, un jornalero anciano que lleva las chanclas de plástico remendadas con mecate, agrega: “Así como las plantas se mueren nosotros también: aquí hay cáncer, hay mal de azúcar que pudre los pies, hay dolor de cabeza, el ruido del mechón llena las casas, a veces está calmito pero expide un olor a peste y podredumbre, como azufre o llanta quemada”.

Ellos, como todos, perdieron el cacao, los cítricos, los pimentales. Para comprobarlo muestra un expediente que compendia las cartas que envió de 1988 a 2004 donde pide al gobierno estatal y a Pemex que lo indemnicen por los daños a su tierra, e incluye las pruebas de laboratorio que muestran los anormales niveles de cromo, mercurio, níquel, plomo y zinc hallados por un laboratorio.

“En este año mi reclamación ha cumplido ya 19 años, ya se ha hecho mayor de edad y sigue confinada en el olvido. Actualmente mi rancho cocotero es un auténtico desastre ambiental”, se lee en el último escrito.

 

El emporio del “Zar”

 

En el patio del centro municipal de acopio de copra se ven pedazos de coco puestos al sol. Una máquina desgreña y quita el caparazón pegado a la concha hasta dejar la pulpa –la copra– que cae directo a un camión en el que caben hasta 16 toneladas.

Cada productor recibe 11 pesos por kilo de copra. En este momento el precio es alto (normalmente está a cuatro pesos), ya que el gobierno endureció los aranceles de importación de aceite de coco.

Dos mil 600 productores están inscritos como socios de ese centro. Muchos son accionistas.

–¿Qué beneficios reciben? –se le pregunta a Sebastián Pérez, presidente del local.

–Les gestionamos plantas de coco híbrido, les damos costales, machetes y palas, y prácticamente la ganancia va incluida en el precio que les damos.

No todos quieren vender aquí su producto: los restauranteros de Cancún compran cada coco a dos pesos, por eso mucha gente lo tumba tierno.

Siguiendo el recorrido que hace el camión recién cargado, se llega a la zona industrial de Villahermosa, a la planta Industria Coprera de Tabasco. Ahí se ve una montaña de 60 toneladas de copra, donde un obrero impulsa el deslizamiento de las cáscaras hasta un túnel donde una banda las transporta bajo tierra hacia contenedores que las pulverizan hasta dejarlas como aserrín o las comprimen hasta sacarles el aceite.

El gerente de producción, José Luis González Zapata, habla de la bonanza de la industria y los planes de crecimiento.

Menciona que el aceite que producen tiene compradores por anticipado que lo usan para producir jabón, leche en polvo o glicerina. Que en cada uno de los cinco tanques que se ven en el patio caben 140 toneladas de aceite. Que ya se diversificaron tanto que producen alimento para ganado con la pasta que sobra del proceso. Que está por funcionar una planta envasadora donde producirán 8 mil botellas diarias de agua o leche de coco y 200 kilos de harina.

Además, presume, ya fabrican cada día 5 mil jabones de coco (coconut soap, como dice la etiqueta). El terreno lo tienen aprovechado al máximo: en las cuatro hectáreas también tienen planta lavadora de autos pesados, taller mecánico y centros tecnificados donde se procesarán la fibra de coco y el hueso para carbón. Porque del coco nada se desperdicia: el hueso se usa para elaborar artesanías o la gente pobre lo compra para echarlo al fogón, como sustituto del carbón.

Luego sigue el turno a la entrevista con Pedro Rodríguez Reyes, El Zar del Coco desde 1997, quien desde su oficina comenta a Proceso los retos del sector por todas las calamidades que enfrenta la industria: amarillo letal, ardillas, vejez, el abejorro picudo, Pemex, la poca duración del coco híbrido, el desmonte de plantaciones…

Lamenta que, en sus mejores tiempos, Tabasco producía 35 mil toneladas de copra y ahora sólo 3 mil. Pero se ufana de que, pese a las desventuras, la empresa facturó 40 millones de pesos el año pasado (cuando el coco no tenía el precio que tiene ahora) y sacó una utilidad de 700 mil pesos.

–Si tienen ganancias, ¿cuándo van a convidarlas con los accionistas que invirtieron para comprar la fábrica?

Comienza a excusarse. Menciona las características del mercado. Habla de la competitividad.

“Si no guardamos las utilidades y las repartimos, la empresa no sería competitiva ni sujeto de inversión. Si nos repartiéramos utilidades sería una empresa sin valor crediticio, tenemos que ser competitivos”, responde. Agrega que todo se ha invertido para recuperar la planta del deterioro en que se encontraba y que, como los diputados, ha tenido que tomar decisiones solo porque es imposible consultar a toda la gente.

El Zar menciona que la planta que maneja está valuada en 50 millones de pesos. Dice que ha recibido 7 millones de pesos de los gobiernos estatal y federal para rehabilitar las instalaciones y que recibió otro tanto para financiar la construcción de la envasadora de agua de coco. Admite que vendió a 12 millones de pesos cinco de las hectáreas del terreno, pero se justifica diciendo que lo reinvirtió en adecuar la fábrica y que otros 2.5 millones de pesos los repartió a accionistas y los usó para pagar créditos vencidos.

Cuando se le cuestiona de nuevo por el destino de los productores, señala que con las ganancias ya devolvió parte de la inversión a algunos ancianos –“sobre todo a los más grandes”– y para demostrarlo extiende una lista con nombres de personas, en la que no se señala ni el municipio al que pertenecen ni la edad, el número de acciones que poseen o el supuesto dinero recibido. No hay forma de contactarlos.

El exdiputado niega que sea millonario, dice que su salario es de 20 mil pesos al mes y que sus propiedades las adquirió porque tiene una de las plazas mejor pagadas como profesor de educación superior y por su dieta como legislador. “No existe la riqueza, vivimos al día”, se defiende.

Para los productores, los ancianos y ancianas que sí viven al día, esas explicaciones no sirven de mucho.

“Ojalá hubiéramos tenido el apoyo gubernamental y esto se arregla desde cuándo”, opina Carmen Santos.

Coronado Chang comenta: “Ya murió el emporio de riquezas. Ya murió todo. No queda nada. En parte por Pemex, que causa lluvia ácida y deja la planta pinta y la mata; la ardilla y la plaga completan la ruina, los directivos siguen ganando dinero y el gobierno les da millones de pesos para que se hagan ricos ahora con el agua de coco. Nomás les falta que se hagan quebrar otra vez y listo”.

El hombre se detiene junto al río Seco, que pasa por Nuevo Torno Largo. Ve el cementerio de palmeras, de pie, estériles, y dice: “Esos son los males de los cocos”.





Crónica de la tragedia del News Divine (extracto)

7 03 2011

Daniela Rea Gómez

Leticia Morales llegó al Juzgado tras recibir un citatorio a nombre de su hijo Rafael.

-Estoy aquí porque citaron a mi hijo para declarar sobre el caso News Divine –le dijo a la secretaria del Juzgado 19 penal.

-¿Y dónde está su hijo? –preguntó indiferente la empleada, con la cara sepultada tras montones de expedientes.

-No quiso venir -respondió Leticia.

-¿Entonces qué hace aquí? Vaya por el muchacho- ordenó, sin siquiera mirarla.

-Vengo para llevarla al panteón. A que amplíe allá la declaración de mi hijo, porque todos ustedes lo mataron.

La mañana del 9 de septiembre del 2009 Rafael Morales fue citado a declarar sobre su propia muerte.

La comparecencia de Leticia tuvo lugar 15 meses después de la redada policial en la discoteca News Divine que culminó con la muerte de doce personas, nueve jóvenes y tres policías.

Extracto del capítulo Crónica de la tragedia del News Divine, publicado en el  libro País de Muertos. Crónicas de la impunidad (Debate).

 

* * *

Los gritos, que minutos antes eran de fiesta, comenzaron a transformarse en desesperación.

-¡Abran la puerta! – suplicó el joven Alfonso a los uniformados cuando sintió la avalancha de gente sobre él, ubicado a escasos metros de la salida.

-¡Nos estamos ahogando! –se quejó Juan Carlos, que mareado por la falta de aire empezó a vomitar sangre sobre sus pies desnudos. A pisotones le arrancaron los tenis.

El grupo de adolescentes que acudió a celebrar el fin de año escolar se convirtió en un caudal de carnes arrastrado por la desesperación. Ahí estaba Marisol, de 14 años, con su hermana Érika, de 13. Precavida, le dijo que esperarían el desalojo del lugar para no tropezar en las escaleras, sujetó su mano y la llevó hacia el baño donde podrían respirar. Creyéndose a salvo, se recargaron en el muro y tomaron aire, pero dos policías las aventaron de nuevo al torrente del que intentaron escapar. Sus cuerpos fueron empujados y golpeados por la inercia de los otros jóvenes. Marisol se fue quedando sin aire y sin fuerzas, hasta que soltó la mano de su hermana.

Raymundo tomó la mano de Daniel, su hermano menor. Al sentir que la corriente los devoró, lo agarró con fuerza para no perderlo. Tenía 16 años y la responsabilidad de cuidar al pequeño de 14 que lo acompañaba por primera vez a la discoteca. Temeroso, Daniel se aferró al brazo flaco de Raymundo, pero la presión fue como el manotazo de un gigante y cayeron al piso y sobre ellos, otros jóvenes.

-¡Daniel!- gritó Raymundo antes de que el maremagnum le arrancara a su hermano. En un esfuerzo por recuperarlo jaló otras manos, pero Daniel fue tragado por la multitud, convertida en una arena movediza.

En el tercer piso unos jóvenes reventaron los cristales de las ventanas para respirar. A la falta de aire se sumaba el calor de 500 cuerpos sudorosos bajo el verano.

Antes de abandonarse por completo Marisol intentó buscar una bocanada de aire. Un empleado de la discoteca la alzó y ella se sostuvo un instante en puntitas, el suficiente para aspirar unos segundos de vida. Debajo de ella sintió los cuerpos tiesos y empapados en sudor, abandonados a una fuerza que no les pertenecía. Sobre las cabezas de los jóvenes alcanzó a ver que la puerta de entrada estaba cerrada y entre los lamentos que pedían oxígeno distinguió el grito de unos policías:

-¡No los dejen salir, no los dejen salir!-.

* * *

Sin aire, a oscuras, los jóvenes fueron cediendo en el túnel. Algunos se desmayaron, pero sus cuerpos permanecían erguidos, soportados por la fuerza que los apretaba; otros flotaban estrujados; otros más fueron cayendo al piso y encima de ellos los demás tropezaban.

-¡Abran la puerta que nos estamos asfixiando!- clamó el policía Manuel Aldrete a sus compañeros ubicados en la entrada.

Su voz, débil por la falta de aire, apenas era un susurro entre los demás gritos. Trató de comunicarse con el exterior por el radio que sujetaba en la mano izquierda, pero su cuerpo no le respondió. Ya era parte de otro cuerpo colectivo, compacto.

José Jiménez, otro policía que permanecía dentro de la discoteca, intentó pedir auxilio por el radio, pero tenía una frecuencia diferente a la de los oficiales que aguardaban la entrada, por pertenecer a distintas corporaciones. En la premura del operativo no se coordinó la comunicación.

De pronto un estruendo se escuchó. La puerta principal reventó por la presión de la gente desesperada por huir de esa trampa o quizá porque algún oficial soltó el seguro que la mantenía atracada. Aún con la puerta abierta, los policías hicieron un último intento por retener a los muchachos en la discoteca, hasta que los vieron derrumbarse uno sobre otro, algunos con los ojos cerrados, otros con la piel morada. El cuello de botella duró de las 18:23 a las 18:32 horas.

Raymundo, que minutos antes soltó la mano de su hermano menor, permanecía tirado en el suelo. Desde ahí vio los pies de jóvenes tratando de escapar. A brincos y pisotones pasaban encima de su cuerpo triturándole brazos, costillas y piernas. Los policías afuera de la discoteca jalaron a la gente para liberar la entrada. Tomaron los brazos de Raymundo y tiraron fuerte para sacarlo. A su vez, otros lo jalaban de las piernas para salvarse con él.

-¡No me dejes morir!- alcanzó a escuchar el grito de su amiga Isis Tapia, con la mano estirada a escasos centímetros de la suya.

Raymundo intentó jalarla hacia la puerta pero ya no tenía fuerzas. Apenas pudo tomar aire y salvarse a sí mismo. Un par de hombres lo sacaron cargando y lo dejaron recostado junto a la pared del News Divine. Adentro Isis Tapia daba sus últimos respiros.

Junto con Raymundo, Sandra fue rescatada de la discoteca. Cuando los policías la dejaron en la banqueta, la chica de 15 años estaba inconsciente.

-¡Tú no estás muerta, despierta! – le gritaban unos desconocidos mientras le sobaban el cuerpo con alcohol y le acercaban aire con sus playeras.

Cuando Raymundo recobró un poco de energía regresó a la entrada del News para buscar a su hermano Daniel. Asomó la mirada y lo vio salir en brazos de dos personas. Parecía un Cristo moribundo. Flácido. Con los ojos cerrados y la cabeza ladeada. Lo depositaron en el suelo. Presionaron su pecho. Soplaron por su boca. Daniel ya no respiraba.

-¡No!- gritó Raymundo y corrió desahuciado entre los cuerpos tirados sobre la avenida. Se derrumbó frente al tercer camión donde, según el plan original del operativo, los jóvenes serían trasladados a las oficinas policiales.

* * *

El umbral del News Divine era una pila de jóvenes desmayados y cuerpos atorados que dificultaba la evacuación. Catterin logró llegar a la entrada, pero alguien desde el piso le jaló la pierna en un intento por huir y Catterin cayó. La mitad de su cuerpo quedó afuera de la discoteca, la otra mitad quedó atorada entre piernas, miembros y cadáveres. A gritos pidió que la jalaran para salir, pero los uniformados no atendieron. Gritó una y otra vez, hasta que sujetó la bota de uno de ellos y jaló su cuerpo hacia la calle.

Faltaba su hermano Christian. Apenas se recuperó, corrió a buscarlo y lo encontró tirado en la banqueta. Pegó su oreja al corazón. Estaba moribundo. Ayudada por amigos lo cargó y pidió apoyo a unos policías para llevarlo al hospital en la patrulla. Ellos respondieron con una risa burlona.

-Véalo, está casi muerto- insistió un amigo de Catterin y lo señaló. Su rostro lacerado tenía un rictus de angustia y abandono. La burla de los uniformados volvió a retumbarles en los oídos.

A unos pasos de Catterin, Juan Moreno deambulaba en la avenida entre cuerpos con el rostro cubierto por sus propias ropas. Inquieto porque su primo Rafa no contestaba el celular comenzó a destapar uno a uno.

Bajo una sábana descubrió la cara de su primo. Tenía un color morado y un golpe en la frente. Aún respiraba. Juan lo cargó y sin que las autoridades lo impidieran lo llevó al Hospital General La Villa en su automóvil. Ahí, un médico le dijo que ya estaba muerto.

Marisol logró salir gracias a un empleado de la discoteca que la sacó por la diminuta puerta de paquetería. Parecía una muñeca de trapo con la piel magullada. Su ropa estaba hecha jirones y había perdido las zapatillas. En el primer instante de conciencia recordó a su hermana Érika, a quien no pudo proteger de la marejada. Buscó entre el caos de patrullas, ambulancias, policías y paramédicos que corrían aturdidos de un lado a otro, mientras la vida de los jóvenes se esfumaba en suspiros.

Marisol encontró a su hermana menor agonizando en los brazos de dos muchachos que la recostaron en el suelo, frente a la discoteca. Alrededor de ella sólo había cuerpos. Cuerpos tirados, inertes, desmayados.

Se acercó, se hincó a su lado y le tomó las manos. Aún estaban tibias y su abdomen apenas palpitaba. Volteó a su alrededor para pedir auxilio, pero cada quien atendía su propia tragedia. La calle estaba tapizada de adolescentes desvanecidos y sus amigos que los intentaban despertar.

Marisol suplicó auxilio a un paramédico, sin soltar a su hermana. Pero él prefirió revisar a un policía que sacaban inconsciente de la discoteca.

-Qué quieres que haga si ya está muerta- le dijo socorrista, con estetoscopio al cuello.

-¡Ayúdeme, sí respira, sí respira!- suplicó Marisol en vano. Ni un oficial, paramédico o funcionario la ayudó.

A su lado, la niña se fue poniendo fría y dejó de respirar.

Sólo se acercó una policía para cubrir a Érika con una camisa roja, que Marisol aventó tan lejos como pudo. Dejarla sobre el rostro de su hermana era aceptar que había muerto en sus brazos.

 





Municipio chico, muerte grande

7 03 2011

Marcela Turati

(Proceso # 1792, 6 de marzo de 2011)

Ciudad Juárez, Culiacán, Tijuana o Acapulco suelen acaparar los titulares por el elevado número de ejecuciones del narco que ahí tienen lugar, pero proporcionalmente no son las localidades más afectadas por la violencia criminal. Algunos municipios pequeños, como el de Guadalupe en Chihuahua, tienen tasas alarmantemente altas de asesinatos… a tal grado que ya se están despoblando y convirtiendo en pueblos fantasma.

Habitantes de algunos municipios pequeños de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Nuevo León han estado más expuestos a la muerte por asesinato que los pobladores de Ciudad Juárez, pero su sufrimiento no aparece en las estadísticas oficiales ni reciben asistencia del gobierno.

La tasa más alta de asesinatos en México está en el municipio de Guadalupe, Chihuahua, que aunque sólo tiene 6 mil 458 habitantes registró 139 asesinatos en cuatro años; esto equivale a 2 mil 152 homicidios por cada 100 mil habitantes, según el análisis de los demógrafos estadunidenses Richard Rhoda y Tony Burton, autores del libro Geo-México y creadores del sitio en internet del mismo nombre.

El promedio nacional de homicidios por cada 100 mil habitantes es de 31.

Algunas de las víctimas más conocidas del municipio de Guadalupe son la defensora de derechos humanos Josefina Reyes Salazar y su hijo, tres de sus hermanos y una cuñada, asesinados entre enero de 2010 y febrero de 2011, así como Érika Gándara, la única policía municipal (después de que todos los hombres desertaron), quien fue desaparecida en diciembre pasado.

En la clasificación de los 20 municipios con las tasas más altas de asesinatos relacionados con la narcoviolencia entre diciembre de 2006 y el mismo mes de 2010, elaborada por Rhoda y Burton, Ciudad Juárez –con 485 homicidios por cada 100 mil habitantes– queda en el décimo lugar y es la única localidad de gran tamaño en esa lista. Aunque por el número de homicidios, Juárez es considerada la ciudad más peligrosa del planeta y recibe recursos del plan de reconstrucción Todos Somos Juárez, varios municipios la pasan igual o peor.

Por su baja población, esos municipios pocas veces son mencionados en los medios o en los reportes oficiales, aunque la violencia que sufren es “brutal” y tendrá repercusiones individuales y sociales que perdurarán décadas, según el español Carlos Beristáin, médico, doctor en psicología y especialista en impactos por violaciones graves a los derechos humanos.

Después de Guadalupe, en la lista de Geo-México aparecen Mier, Tamaulipas (2 mil 13 asesinatos por cada 100 mil habitantes); General Treviño, Nuevo León (con mil 958); Práxedis G. Guerrero, Chihuahua (con mil 479) y Sáric, Sonora (con mil 221).

Les siguen los municipios tamaulipecos Guerrero y Miguel Alemán; los chihuahuenses Matamoros, Ciudad Juárez, Ascención, Gran Morelos, Cusihuiriachi, Riva Palacio, Ahumada y Satevó; los sonorenses Arizpe, Tubutama y Yécora, y los nuevoleoneses Doctor Coss y General Bravo.

“La mayoría de los municipios de esta lista tienen poca población; 15 de ellos tenían menos de 6 mil 500 habitantes en 2010. Aunque Ciudad Juárez tiene, por mucho, la tasa más alta de asesinatos de la guerra contra el narco (…) aparece en el décimo lugar al lado de los municipios pequeños incluidos en el análisis.”

Para sacar las tasas, Rhoda y Burton contrastaron los archivos de asesinatos relacionados con el narcotráfico proporcionados por el gobierno federal con el censo de 2010. Para su medición no se basaron en la cifra más alta, sino en la proporción según el número de habitantes.

“Los 20 municipios enlistados están en uno de cuatro estados: Chihuahua, Sonora, Nuevo León o Tamaulipas. De hecho, la mitad está en Chihuahua. Cinco forman un racimo alrededor de Ciudad Juárez, sobre la frontera, y cuatro están al sur de la ciudad de Chihuahua. Los tres de Tamaulipas y los tres de Nuevo León están entre Nuevo Laredo y Reynosa en un radio de 60 kilómetros de la frontera. Tres de los cuatro de Sonora no están lejos de la carretera que une a Hermosillo, la capital del estado, con Nogales, fronteriza con Estados Unidos”, sintetizaron.

Tierra arrasada

En la lista de Rhoda y Burton de los 20 municipios con más muertos por violencia aparecen muchos que no se mencionan en la prensa. Algunos son eminentemente indígenas; otros están aislados, como Cusihuiriachi, en la Sierra Tarahumara, o Yécora, al otro lado de las barrancas de esa serranía, en el lado sonorense.

La situación de terror que han vivido los habitantes de Mier, Guerrero y Miguel Alemán salió del anonimato en noviembre pasado, cuando los habitantes de los dos primeros municipios fueron a refugiarse al tercero, donde se abrió temporalmente el primer campamento para refugiados por la narcoviolencia.

Según testimonios que este semanario recabó en entrevistas con los refugiados (Proceso 1776), por las constantes balaceras dormían de día y pasaban la noche tumbados en el piso, apretujados dentro de un baño, detrás del refrigerador o encerrados en el clóset. Se trasladaban a gatas dentro de sus casas. Se imponían toque de queda desde las cinco de la tarde y nadie tenía permitido acercarse a las ventanas.

Una mujer entrevistada en el campamento explicó: “Antes las balaceras ocurrían nada más cada tercer o cuarto día, pero a últimas fechas eran insoportables. Había demasiada balacera, demasiado bombardeo, andaban adentro del solar, barrían todas las casas, ya no sólo algunas, y durante todo el día”.

–¿Qué ocurre en poblaciones lastimadas por tanta violencia? ¿Qué efectos hay en la población? –se le pregunta al doctor Beristáin, quien ha trabajado con poblaciones sobrevivientes a la violencia exponencial (asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos y masacres) en Colombia, El Salvador y Guatemala.

–En esos lugares donde la violencia se ha concentrado habrá impactos brutales. Tendremos muchos niños que han sido testigos o perdido familiares y tendrán impactos psicológicos que impactarán su vida para siempre. En esos lugares donde la impunidad es la regla, la gente se va a tomar más la justicia por mano propia y eso es un factor de perpetuación del conflicto, porque no existe justicia que llegue a restablecer ciertas relaciones de convivencia y tendremos una escalada de violencia.

“El impacto del terror durará mucho tiempo y les va a lastrar su desarrollo humano y social. Habrá grandes colectivos de personas marginadas, en la cuneta del país y de la historia, cuyas necesidades no van a ser tenidas en cuenta y habrá focos de profundo malestar.

“Vamos a tener consecuencias a medio y largo plazos, esto no se va a terminar con el sexenio”, afirma el experto, quien estuvo en México preparando a organizaciones defensoras de los derechos humanos para atender a las víctimas de las desapariciones forzadas.

El experto que trabaja para la Corte Penal Internacional en países africanos donde hubo violaciones masivas a los derechos humanos, señala que la violencia que se vive en los pueblos y las ciudades mexicanas provocará enfermedades y parálisis en la vida de muchas personas.

“Con esos 35 mil muertos, la violencia se convierte en un problema de salud pública, significa años de vida perdidos e impactos económicos y sociales de una buena parte de la población.

“En los municipios donde se concentra la violencia, los impactos de desestructuración van a ser brutales, vamos a ver conflictividad social, formas de respuesta como el surgimiento de ‘las maras’ o del ‘sálvese quien pueda’, de la violencia que genera la exclusión, la marginación y el impacto que genera la violencia a su vez. Vamos a tener un impacto crónico en la sociedad que durará años”, diagnostica el experto.

Los pueblos fantasma

De entre los 20 municipios con mayor tasa de asesinatos, cinco redujeron su población: Guadalupe pasó de 9 mil 149 a 6 mil 458 habitantes; Mier, de 6 mil 539 a 4 mil 768; General Treviño, de mil 476 a mil 277; Práxedis G. Guerrero, de 8 mil 514 a 4 mil 799 y Ahumada, de 11 mil 727 a 11 mil 447.

Llama la atención que aunque los funcionarios municipales, los académicos y los empresarios de Ciudad Juárez han señalado que al menos 100 mil personas huyeron de esta urbe por la violencia y el desempleo (algunos investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez indican que son 250 mil), los datos del Inegi apuntan a que se mantuvo estática la población.

Para Beristáin el desplazamiento de la población plantea varios problemas similares a los vividos por las comunidades guatemaltecas en las que se aplicó la estrategia de “tierra arrasada”: ¿a dónde van los desplazados, cuál es el impacto de los sobrevivientes, dónde viven, quién se queda con sus tierras, qué significa para un pueblo que la mitad de su gente se ha ido y que hayan matado a muchos hombres, qué nuevas formas de relación social surgirán?

“El impacto es tan masivo en términos de números de víctimas y de otros impactos colectivos (la pérdida de espacios comunes, la desestructuración de la vida cotidiana, la pérdida de confianza en las autoridades, la pérdida de formas productivas) que se deben buscar procesos colectivos de reparación para estas víctimas”, dice.

La última semana del mes pasado el Congreso de Chihuahua lanzó un exhorto para que el programa Todos Somos Juárez se extienda a los municipios de Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, en el Valle de Juárez, por considerar que esa zona “se ha convertido en el lugar donde más personas mueren violentamente en el mundo, debido a que los cárteles de Juárez y Sinaloa se enfrentan por el control de la franja fronteriza”.

En su diagnóstico, los legisladores mencionaron que de Guadalupe ha huido la tercera parte de la población y que 70% de los negocios, empresas y maquiladoras que daban trabajo en la zona, se han ido. A su vez, en Práxedis G. Guerrero cerraron dos de las tres maquiladoras.

Ese municipio saltó a la fama el año pasado cuando fue designada jefa de la policía la veinteañera Marisol Valles, la única que aceptó hacerse cargo de la seguridad pública del lugar. Actualmente, tras recibir amenazas de muerte, Valles está escondida en algún lugar de Texas.

Sobre este tema el obispo de Saltillo, Raúl Vera, reconocido por su solidaridad con las víctimas de la violencia, señaló que es preocupante la invisibilización que se hace de la violencia en los municipios rurales.

“Juárez ha tenido una visibilidad desde un principio, es fronteriza, es una ciudad muy visitada. Pero desgraciadamente los municipios pequeños están mucho más desprotegidos, están más expuestos, no tienen una estructura policiaca fuerte, tienen más riesgo de que la violencia se desate, y en esas zonas desprotegidas la violencia es terrible y eso desencadena más venganzas”, dice en entrevista con Proceso.

El prelado, quien ha ayudado a fundar redes de solidaridad y búsqueda entre familiares de personas desaparecidas, señaló que el Estado mexicano tiene que responder por todos sus ciudadanos, “no importa qué tan pequeño sea el municipio, debe tener el mismo cuidado que con los pobladores de los municipios grandes. Para los grandes empresarios se dirige todo el cuidado, y al pueblo, ¿quién lo cuida?”

Muerte en la ciudad

En cuanto a la tasa de muertes por cada 100 mil habitantes en los municipios urbanos cuya población en 2010 excedía los 700 mil habitantes, otro análisis arrojado por Geo-México muestra que las ciudades más violentas están en las zonas norteñas u occidentales.

“No causa sorpresa que la tasa de Ciudad Juárez sea la más alta, hasta 16 veces más que el porcentaje nacional, que es de 31. La ciudad registra cerca de 30% de los asesinatos relacionados con el narcotráfico ocurridos en el país en los primeros cuatro años del sexenio”, indican los especialistas en su página en internet.

Sólo seis de los 22 municipios con más de 700 mil habitantes tienen tasas de asesinato mayores al promedio nacional: Ciudad Juárez, Chihuahua (con 484.71 homicidios por cada 100 mil habitantes); Culiacán, Sinaloa (220.12); Chihuahua, Chihuahua (172.56); Tijuana, Baja California (106.88); Acapulco, Guerrero (86.67) y Morelia, Michoacán (35.63).

Monterrey está justo abajo del promedio nacional (con 26.26); Guadalajara tiene menos de un tercio del promedio y la Ciudad de México, menos de la cuarta parte.

“Dos suburbios del Valle de México, Nezahualcóyotl y Ecatepec en el Estado de México, presentan tasas que casi duplican a las de la capital, pero aun así registran menos de la mitad de la media nacional. Zapopan, un suburbio de Guadalajara, tiene una tasa 36% superior a la de Guadalajara”, indican los analistas en su reporte.

Las ciudades con menores asesinatos relacionados con la guerra contra las drogas son Mérida (con 2.66), Querétaro (1.50) y Puebla (0.84).

Cuestionada sobre la atención a las víctimas, la psicóloga mexicana experta en violencia Luciana Ramos señala que hay distintos impactos y niveles de trauma entre la gente que experimenta situaciones tan extremas y señaló que “para atender a las personas afectadas hay que crear dispositivos de intervención diferenciados, porque cada región es distinta: Es diferente la atención a los migrantes que a la gente de Juárez o Culiacán o en el campo”.





Flamas, para que no se olvide Marcela Turati (Proceso 1783)

3 01 2011

Marcela Turati / Proceso #1783

Chihuahua, Chih.- Marisela Escobedo no descansa sola. En el lugar donde su cuerpo quedó sin vida, ciudadanos anónimos han plantado veladoras; con sus flamas encendidas día y noche encontraron la manera de protestar contra la inseguridad, de hacer vigilia, de rendir homenaje a la madre que exigía cárcel para el homicida de su hija y que fue asesinada a las puertas del palacio de gobierno.

Este edificio, que es el corazón político del estado, se convirtió en lugar de peregrinación ciudadana; en sus paredes, como en un Muro de los Lamentos, los ciudadanos dejan mensajes expresando su rabia, su indignación, su sentimiento de orfandad: huérfanos de autoridades, de instituciones, de paz.

“Aquí mataron a la señora, aquí quedó”, dice un padre de familia acompañado de tres pequeños, bien abrigados, que se detienen unos minutos para ver la ofrenda de flores y velas que cobija a un niño Jesús en pañales que alguien colocó justo en el lugar donde la madre-activista quedó tendida porque un balazo le traspasó la cabeza; aunque ella dos años antes había sido herida por el dolor de perder a su hija más pequeña –asesinada a golpes, calcinada en un bote, sus restos aventados a un chiquero–, a quien le prometió justicia.

“¿Y por qué la mataron, papá?”, pregunta uno de los chiquillos. El padre suspira y dice: “Porque era una mujer valiente”.

Los mensajes hablan solos. “Marisela, te mataron en la puerta del Palacio, ¿qué podemos esperar los demás?, ¿dónde podemos escondernos?, ¿hay algún lugar seguro?”, se lee en una hoja de cuadrìcula escrita a lápiz y colocado bajo una veladora. Otros: “Si no pueden, renuncien”, “Marisela, nosotros nos quedaremos para exigir justicia por ti y por Rubí. Descansa en paz”, “Gobierno asesino”.

Cada tercer día, cuando las velas están a punto de rodear la casa de gobierno y de cercarlo, desaparecen tramos enteros de velas en la noche. Cartulinas moradas, pegadas a las paredes, dan cuenta del robo. Los voceros del palacio han dicho que por seguridad del gobernador deben mantener libre la puerta trasera del recinto, pero los ciudadanos no hacen caso y colocan nuevas ofrendas.

“Mataron a mi hermano, vine a colocar una vela por él”, comenta una joven que, como otros, tambièn llegan a orar por algún un familiar asesinado o desaparecido. Para expresar de esa forma el duelo silenciado.

Todos los días, a las 11 de la mañana, se hace un pequeño homenaje por la muerte de la mujer que conmovió a todos los ciudadanos. “Quizás algún día la vi en la calle, me la topé, no supe quièn era; me hubiera gustado caminar con ella”, lamenta un ama de casa en las escalinatas. Muchos sienten esa misma pena.

En la plaza de enfrente permanece el tendido de mantas que la mamá valiente instaló el día que decidió acampar afuera del despacho del gobernador –hasta Navidad si era necesario, segùn advirtiò– para ser escuchada. De los tendederos de hilos cuelgan pósters con la foto del hombre que asesinó a su hija, las mantas blancas con grafitis improvisados por la prisa que tenía de justicia (“¡Justicia, privilegio del gobierno! ¿Y Rubí?”), también las fotos ampliadas y plastificadas de los jueces que absolvieron al agresor, ridiculizados con orejas de burros; otras donde se ve a su Rubì, ora sonriendo coqueta, ora con cara de niña.

Nadie se atreve a quitarlas. Marisela sigue presente en la plaza aunque su familia ya no está acampando con ella, aunque sus hijos veinte y treintañeros hayan cruzado hacia Texas deseando no volver la vista atrás, llevàndose con ellos a Heidy, su nieta, lo único que recuperaron de Rubí. Exiliàndose como ùnica forma de huir de la muerte.

Luis Fong, uno de los fundadores de las caminatas que cada sàbado se organizan contra la muerte, dice que un funcionario de la Dirección de Gobierno llamó a èl y a varios activistas para negociar el asunto de las veladoras; le respondieron que la única negociación es que atrapen a los asesinos de Rubí y de Marisela.

“La gente se apropió del asunto de las velas y empezó a poner más, se pensó cercar el palacio, pero la noche del 23 trabajadores de limpia del gobierno se llevaron unas velas, aunque ellos lo niegan. Luego pidieron a la gente que no pusiera en la parte trasera, pero la manifestación no tiene coordinación y la gente viene a mostrar su indignación de que ni siquiera en el palacio de gobierno se puede tener seguridad, a expresar admiración por Marisela y sus hijos, o aprovecha para reclamar el clima de muerte que padecemos los chihuahuenses”, dice el activista, que dirige la revista La Gota.

Las velas siguen apareciendo. En cuanto una luz se apaga, otra nueva se enciende. En cuanto la cera de una se derrite, otra es colocada.

Todas las noches el historiador Jesús Vargas, al salir del trabajo hacia su casa, pasaba por la plaza, donde veía a la madre y a las personas que la acompañaban. El centro siempre estaba deshabitado, como lo están varios rumbos de la ciudad desde que el miedo se pasea por las calles.

“La primera expresión de protesta fue por medio de las flamas de las veladoras y realmente observar esas pequeñas chispas frente a la puerta del palacio de gobierno me provoca un sentimiento de impotencia y de ternura. A mí me trajo en la memoria inmediatamente la respuesta que los vecinos de Tlatelolco expresaron el 3 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas –dice–. Y rápidamente estas primeras manifestaciones silenciosas atrajeron a muchos ciudadanos anónimos que día con día han manifestado su tristeza, su impotencia, su desesperanza, su dolor, no sólo por Marisela sino por todo lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro estado, y desgraciadamente en nuestro país.”

El historiador rememora todo lo que ha visto ese palacio de estilo porfiriano, con toques afrancesados, que antes era el antiguo Colegio de los Jesuitas, donde quedó cobijado el sitio del fusilamiento del cura Hidalgo; desde cuyo balcón principal habló el presidente Madero en octubre de 1911; que sirvió de velatorio para el cuerpo del gobernador Abraham González, sacrificado por órdenes de Victoriano Huerta, y de donde salió Francisco Villa cargando el féretro. En este lugar desembocan todas las protestas ciudadanas; por eso enfrente está levantada la Cruz de Clavos, donde se insertaron 300 clavos, uno por cada una de las víctimas de feminicidio, que pronto resultaron insuficientes para colgar los siguientes nombres por lo que cada clavo muestra un ramillete de nombres. Entre ellos el de Rubí Marisol Frayre Escobedo, que colgó Marisela en mayo, y ahora el de Marisela, que anudó otra madre a la que le privaron de su hija. También asesinada.

Hasta los turistas que pasean por el centro para ver las enormes luces navideñas instaladas en la fachada del palacio o el árbol de Navidad con un àngel en la plaza aledaña, irremediablemente se fijan en las veladoras, en la peregrinación espontánea, en la gente que se detiene a leer los letreros pegados en las paredes, y preguntan a qué se deben. Y no falta quien les cuente la historia aún reciente y dolorosa de aquella madre a quien mataron –a la vista de todos– por el amor de su hija.





Periodistas de a Pie

22 01 2010

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