Veracruz: el gremio, aterrado

10 06 2012

Austin, Texas 7 de Junio de 2012 (Proceso / Marcela Turati).- Minutos antes de finalizar el foro dedicado a analizar los retos del periodismo en América Latina, un reportero mexicano habló: “En Veracruz estamos viviendo en terror. A los periodistas no sólo nos matan, además nos torturan y nos descuartizan. Allá te levantan, te pegan, te hacen lo que quieren”. Era Miguel Ángel López Solana, quien el 20 de junio del año pasado sobrevivió al asesinato de su padre, el subdirector de Notiver, Miguel Ángel López Velasco –investigador de temas de narcotráfico y corrupción política–, su madre y su hermano, fotógrafo del mismo diario. Con este hecho se inauguró la racha de asesinatos que desde entonces mutila la vida de periodistas en esa entidad.

“Yo sólo huí, huí, corrí hasta donde pude, hasta donde la oscuridad de la noche me alcanzó, ahí me quedé”, dijo a los periodistas y funcionarios de organizaciones presentes en el foro. Y, por lo visto, no ha dejado de correr para salvar su vida.

Su testimonio puso de manifiesto que los periodistas veracruzanos que se saben en riesgo no tienen asidero. Acusó a Notiver, el periódico local para el que laboraba, de haberlo despedido. La Casa de los Derechos de los Periodistas, creada con fondos públicos para refugiar a periodistas en situaciones difíciles, le proporcionó menos de una semana de hospedaje. Las organizaciones a las que dice haber acudido –la citada casa del periodista, Artículo 19, el Comité de Protección para Periodistas y Reporteros Sin Fronteras– no pudieron ponerse de acuerdo para ayudarlo.

Las múltiples instituciones de gobierno creadas para proteger a periodistas, incluyendo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pecaron de ausentes.

El reportero pasó seis meses en el Distrito Federal esperando que alguien lo ayudara a salir del país. Desesperado, al saberse sin ayuda, regresó a Veracruz y luego viajó a la frontera de Tamaulipas y Estados Unidos donde durante un mes pidió una visa. Desde abril está en este país con su esposa, solicitando asilo. Su único apoyo, dijo, ha sido el periódico La Jornada, del que era corresponsal.

Algunos de sus señalamientos fueron: “Una zona de guerra peor que Veracruz no hay (…) Hay una impunidad inmensa que nutre la violencia. Desde el momento en que asesinaron a mi familia las cosas debieron haber cambiado y no estaríamos lamentando la muerte de los demás. Nadie hizo nada. Ni el periódico hizo una nota de seguimiento”.

Dio testimonio de la corrupción del gobierno local –que además de no proteger a los reporteros “filtró” a la prensa la lista de periodistas ejecutables, que se fue cumpliendo–, la complicidad entre funcionarios y narcotraficantes, la indiferencia de los dueños de los medios locales hacia los reporteros amenazados o asesinados, el alejamiento de las instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que deberían protegerlos y la impunidad institucionalizada que propicia nuevos crímenes.

Él se salvó pero no corrieron la misma suerte sus tres colegas Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez, a pesar de que tras los primeros asesinatos abandonaron el periodismo (o los corrieron sus medios para deslindarse de ellos), en algunos casos huyeron del estado o intentaron infructuosamente tramitar una visa. En mayo fueron asesinados. Sus cuerpos estaban descuartizados.

Menos de una semana antes, el 28 de abril, había sido asesinada la corresponsal de Proceso en esa entidad, Regina Martínez –conocida por sus investigaciones contra los poderosos– en lo que pareció una cacería contra comunicadores.

Ese lapso fue denominado por la ONU la “semana trágica de la prensa mexicana”.

El viernes 1, Notiver –que tiene cuatro periodistas asesinados– respondió a López Solana que la empresa sí ha exigido
justicia por el asesinato de su padre, niega que el reportero estuviera contratado por el diario, lo acusa de “andar en malos pasos” y le pide que diga a las autoridades estadunidenses “todo lo que sabe” (“estamos seguros que si alguien sabe quién asesinó a su familia y por qué, es usted”, indicó).

En el Foro organizado por el Centro Knight para el Periodismo en las Américas quedaron varias cosas en claro: Que nadie entiende lo que ocurre en México, un país con instituciones fuertes y recursos millonarios y que permite que asesinen y silencien a sus periodistas. Y que Veracruz es el estado donde la violencia se ha ensañado con el gremio.

Recursos diluidos

Una investigación del Centro de Estudios y Libertad de Expresión (CELE) de Argentina señala el sinsentido: En México hay una proliferación de organismos dedicados específicamente a la protección de periodistas e investigación de crímenes, y eso no se refleja en resultados.

Entre otros están el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR, la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación en la Cámara de Diputados y la Unidad de Promoción de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Entre los lastres que arrastran en conjunto, el CELE detectó que operan con un marco jurídico acotado, dependen de decisiones políticas, sus atribuciones son limitadas por competencia jurisdiccional, tienen un presupuesto ajustado, personal poco profesionalizado, tienen graves dificultades de coordinación interinstitucional, son rehenes de jaloneos entre los partidos y el gobierno, lo cual –concluyeron– sólo abona a que haya más impunidad.

En México, a pesar de tanta burocracia asignada al asunto, sólo 3.7% de los crímenes se resuelven y en 59% de los casos la PGR se ha declarado incompetente para investigar.

“A diferencia de los otros países de la región, México tiene instituciones fuertes y hay claras muestras de que cuando el Estado mexicano quiere tomar una medida en relación con un tema, les da a las instituciones el poder de actuar. Pero en cuanto a protección de periodistas e investigación de crímenes hay una proliferación de instituciones que se traslapan y no conducen a una buena operación”, señaló Natalia Torres, investigadora principal del estudio del CELE.

En el documento Diseños institucionales para la efectividad de políticas de protección e investigación de crímenes contra periodistas se establece que uno de los ejemplos más emblemáticos de esta ineficacia es que las instituciones ni siquiera han podido ponerse de acuerdo sobre cuántas agresiones se cometen al año contra los comunicadores. Cada institución tiene su propia, e incompleta, cuenta.

“El estudio no evalúa el mecanismo de protección (recién aprobado), quizás el mecanismo pueda darle la vuelta y generar una coordinación, abrir la participación a la sociedad civil y generar estadísticas, pero hasta 2011 de esta manera se ha venido funcionando”, señala la investigadora en entrevista con Proceso.

Por su parte el informe anual de Artículo 19 señala que en 2011 fueron asignados a la Secretaría de Gobernación 25 millones de pesos para medidas de protección a periodistas, de los cuales se desconoce en qué se utilizaron 24 millones. Sólo se sabe que 22 mil pesos fueron asignados para proteger a un periodista de Sinaloa.

En el informe Silencio forzado, el Estado cómplice de la violencia contra la prensa, la organización internacional señala que la CNDH tiene una pobre rendición de cuentas y ofrece cifras dudosas que no corresponden a la emergencia. De ser cierto lo poco que ha hecho, entonces cada oficio que envió esa defensoría costó 226 mil pesos.

A la fiscalía de la PGR la califica de organismo “sin capacidades y sin logros”, y señala que pese a la gravedad de la situación ha presentado un subejercicio presupuestal. A la comisión legislativa la califica de “ornamental”, ya que sus integrantes se han dedicado a acudir a foros en vez de aprobar reformas necesarias.

Por su parte, los relatores de la ONU y la OEA para la Libertad de Expresión, Frank La Rue y Catalina Botero, respectivamente, presentes en el foro y que durante 2010 viajaron al país para conocer la realidad, de la que emitieron recomendaciones al Estado mexicano, hicieron un llamado para que acabe la impunidad en la investigación de los crímenes.

Botero dice a Proceso: “Hemos trabajado con la relatoría de la ONU para tratar de entender la situación de México, que es compleja, es uno de los países con mayor tasa de violencia contra periodistas en la región y hemos hecho una serie de recomendaciones que creemos urgentes. La situación en Veracruz es extraordinariamente grave”.

Botero hace también un llamado urgente al gobierno federal para que se adopten todos los mecanismos de protección, se implemente la ley recién aprobada en materia de protección y prevención y que autoridades independientes y capacitadas investiguen los crímenes ocurridos en Veracruz.

“Es urgente que las autoridades federales asuman las investigaciones, adopten todos los mecanismos que estén a su alcance para que las investigaciones avancen y condenen a los responsables de los crímenes de periodistas que lo único que estaban haciendo era cumplir con su labor de informar. Cada asesinato manda un mensaje de que no se puede hablar de lo que pasa en Veracruz y los mexicanos tienen derecho a conocer los resultados de las investigaciones que ellos, y particularmente Regina, estaban elaborando”, dice.

Publicado en Proceso en 7 de junio de 2012

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