Los engranajes de la violencia

9 03 2012

MARCELA TURATI

*Publicado en la revista Proceso 1838

2012-01-21

El Congreso de Colombia aprobó en junio pasado una ley para atender a las víctimas de la violencia. La nueva norma parte de un principio: el Estado tiene el deber ético de atender a los afectados por los diversos conflictos armados que este país ha sufrido durante décadas. Establece además la aplicación de la justicia, la búsqueda de la verdad y la reparación integral del daño. Pero el modelo colombiano –al que se asoman expertos para sacar lecciones utilizables en México– aún no vence un reto: desarticular las estructuras de poder y los engranajes que generan la violencia.

MEDELLÍN, COLOMBIA.- Una mujer se cuela hasta la primera fila del teatro durante la presentación de una orquesta juvenil; se acerca a Alonso Salazar, alcalde de la ciudad, lo abraza y llora de felicidad.

No es una de tantas personas que a diario acuden a las alcaldías a pedir rebajas impositivas o agua potable para su colonia. Ella solicitó ayuda para encontrar a su hijo desaparecido. La asesoraron hasta encontrarlo y la apoyaron en los trámites legales para recuperar la osamenta y en el proceso de duelo para aceptar que estaba muerto y que la búsqueda había terminado.

Detrás del alcalde y la mujer, en una cortina de agua aparece una proyección de fotos de paisas (como se llama coloquialmente a los habitantes de Medellín) desaparecidos. Más allá una barda oculta una obra en construcción: será la sede de la Casa de la Memoria, un museo que exhibirá los episodios violentos que han herido a la ciudad y las historias de los muertos y desaparecidos. En penumbras se encuentra un jardín donde los familiares de las víctimas siembran flores para cultivar la memoria.

La alcaldía de Medellín es pionera en atención a víctimas de la violencia. Empezó en 2004, cuando el tema aún no formaba parte de la agenda política del país y siete años antes de que Colombia aprobara la ley que a partir de este año obliga a los gobiernos nacional, departamentales y municipales a atender y restituir derechos a esta población dolida.

En Colombia ha sido arduo el camino de las víctimas para ser reconocidas y atendidas. Y Medellín fue uno de los lugares donde el fenómeno de la violencia se ensañó: padeció los bombazos del capo de la droga Pablo Escobar, que murió sobre un tejado intentando evadir su captura; sus barrios pobres (comunas) fueron semillero de guerrilleros que se iban a las montañas o niños-sicarios que recorrían la ciudad, pistola en mano, en motocicletas. También vivieron con horror operativos militares que abrieron el camino a grupos paramilitares que “limpiaron” el terreno de enemigos y se aliaron con los narcotraficantes locales.

 

Reconstruir el pasado

 

Todo comenzó cuando un grupo de familias desplazadas que recorría oficinas de gobierno pidiendo ayuda para recuperar sus viviendas tocó la puerta de la alcaldía que hasta 2007 encabezó Sergio Fajardo. La autoridad negoció con los agresores para que devolvieran las casas, dio apoyo psicológico a los afectados y organizó un acto simbólico para reinsertarlos en sus colonias.

Cuando se corrió la voz ya tenían en la oficina a personas que penaban por algún familiar asesinado o desaparecido, a sobrevivientes de matanzas, a heridos por armas de fuego o minas.

“¡Y empezaron a aparecer otras víctimas! Desde el primer semestre de 2004, cuando ninguna ley existía para ellos ni gobiernos que se interesaran, comenzamos a construir modelos de atención a las víctimas de la violencia armada”, explica Jaime Bustamante, arquitecto del primer programa municipal de víctimas.

Su siguiente acción fue encargar a la periodista Patricia Nieto que realizara un taller en el que las víctimas de la violencia escribieran sus historias para publicarlas en un libro, en la lógica de que al reconstruir el pasado, escuchar sus voces y difundir su verdad, se combatía la impunidad y se sacaba a la luz lo que la justicia no hacía.

“Encontramos una cantidad de duelos no elaborados, palabras no dichas, historias no contadas, dolores no puestos en público; unos padecimientos que no habían sido escuchados por el gobierno, la justicia ni la gente”, recuerda Bustamante.

“El programa fue creciendo y, además del área de atención psicológica y reconstrucción de la memoria, se sumó la de acompañamiento jurídico; restitución de inmuebles de los que habían sido despojados; reparaciones simbólicas; cooperación y oferta institucional para ayudarlos a reinsertarse en la escuela, contar con vivienda, recuperar la salud y encontrar empleo; áreas de monitoreo y evaluación para ir corrigiendo el camino. Empezamos trabajando con individuos y al final con las familias enteras. Construimos así una ruta de atención”, dice.

Simultáneamente crearon un programa para readaptar socialmente a los victimarios que habían aceptado desmovilizarse: les ofrecieron ayudarlos a terminar su educación, capacitarlos en oficios y una mensualidad. Los resultados de ese programa aún desatan polémicas.

Cuando concluyó la administración de Fajardo, los paisas votaron por su secretario de Gobierno, el sociólogo y periodista Alonso Salazar, quien formalizó el presupuesto para la oficina de atención a víctimas del conflicto armado.

Desde entonces los desplazados o heridos son los primeros beneficiarios de las unidades habitacionales construidas por el municipio y sus hijos tienen cupo en las guarderías y los programas de ayuda.

–¿Cómo decidió atender a las víctimas? –pregunta Proceso a Salazar.

–Lo concibo como un deber ético, un deber moral ineludible. Nos encontramos con centenares de familias con hijos desaparecidos, y yo como alcalde puedo decir simplemente: “No, eso pasó hace mucho o pasó fuera de Medellín o no me corresponde”. Es una irresponsabilidad porque son ciudadanos de Medellín independientemente de donde hayan llegado.

Explica que como el gobierno nacional se opuso siempre a la creación de una Comisión de la Verdad, le apostó a trabajar el tema de la memoria:

“(Las atrocidades y excesos) tienen que quedar en un papel, en un discurso, si no es posible judicializarlos, porque muchos de ellos van a pasar seguramente en la impunidad el resto de sus vidas, pero no socialmente (…) Desafortunadamente, no estamos hablando del pasado: hay nuevos fenómenos de violencia en la ciudad, pero no hay que esperar nuevos hechos ni nuevos episodios para que la memoria necesaria esté presente.”

 

Atención a víctimas

 

Entre semana si uno se asoma a las oficinas puede encontrar a familias tomando terapia o tramitando créditos para el estudio de los hijos o el subsidio para una vivienda. También es posible encontrarse con familias de víctimas que diseñan la futura Casa de la Memoria.

Los funcionarios encargados del trabajo han intentado distintas fórmulas para concientizar a la ciudadanía sobre los resultados del conflicto armado: realizan exposiciones itinerantes sobre la historia de la ciudad, editan libros con los testimonios de las víctimas o postales con fotos de los monumentos que ciudadanos levantan de manera espontánea en memoria de los muertos.

Una de sus actividades son las jornadas Volver a Nombrarle, que organizan en conjunto con la Fiscalía de la Nación (equivalente a la PGR). Consiste en llevar carpas a las colonias más afectadas, donde las personas pueden presentar denuncias formales por los delitos que han sufrido o preguntar los avances en sus expedientes.

Los familiares de desaparecidos pueden dejar muestras de sangre para que sean incluidas en el banco genético o revisar los cuadernillos donde se publican las fotos de las pertenencias que acompañaban a los cadáveres exhumados o presenciar las funciones donde se proyectan esos retratos. Cinco personas han sido reconocidas de esa manera.

“Antes íbamos a las comunas pero no había mucha asistencia, nos dimos cuenta de que a la gente le da miedo que la vean, así que ahora lo hacemos en el centro”, explica Mercedes Ossa, la actual directora del programa.

Cada vez que la fiscalía identifica cadáveres exhumados y hace ceremonias públicas solemnes para entregar los restos a sus familiares, el equipo de psicólogos del programa prepara durante dos días a las familias para que digieran los momentos vividos con el ser ausente, elaboren el duelo, se entrevisten con los forenses que les muestran cómo establecieron la identidad del muerto.

En 2005, mientras Medellín improvisaba la atención a víctimas, el presidente Álvaro Uribe creó la Ley de Justicia y Paz, que prometía penas de cinco a ocho a años a los paramilitares que se desmovilizaran y confesaran sus crímenes, sin importar el número de personas que hubieran asesinado ni sus métodos. A los juicios comenzaron a asomarse las víctimas, horrorizadas por los relatos, y exigieron a los verdugos que ubicaran el paradero de los desaparecidos. En ese momento las víctimas irrumpieron en la escena y se convirtieron en actores políticos.

Entonces comenzó la discusión del primer embrión de una ley de víctimas, que no se concretó.

“Cuando la justicia citó a los jefes paramilitares, las víctimas empezaron a salir a la calle, a dar la cara, a tener una política de comunicación y entrar en el debate público. En 2009 y 2010 se discutió una primera iniciativa de ley en la que se consultó a unas 10 mil personas, pero tuvo una gigantesca oposición de Uribe, quien arguyó: ‘¿Para qué legislar si ya había decretos de reparación administrativa y la Ley de Justicia y Paz?’. Además nunca quiso aceptar que hubo víctimas del Estado”, explica el congresista de izquierda Iván Cepeda.

El también vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) –que articula a 200 organizaciones sociales– e hijo de un congresista asesinado, recuerda que el movimiento de víctimas comenzó a articularse entre 1994 y 1995, cuando 17 organizaciones emprendieron el proyecto Colombia Nunca Más, que documentó 34 mil casos de violaciones a los derechos humanos y que se convirtió en un foro de discusión de víctimas de la violencia paramilitar o del Estado en torno a la necesidad de organizarse. Así comenzaron a entablar denuncias judiciales y a manifestarse públicamente.

“El discurso oficial quería reconocer sólo a las víctimas del narcotráfico o la guerrilla, pero nosotros luchamos para que se reconociera la criminalidad del Estado, su carácter sistémico, sus planes de exterminio implementados desde las instituciones del Estado, en su nivel superior, y no sólo como el fenómeno de ‘la manzana podrida’ (culpar a un elemento)”, explica Cepeda.

Sorpresivamente, el sucesor de Uribe en la Presidencia y quien había sido su ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, hizo suya la demanda de las víctimas, la presentó al Congreso como el sello de su administración (“si esta ley se aprueba, habrá valido la pena ser presidente”, dijo), y con el apoyo de varios congresistas logró su aprobación en junio de 2011.

Esta ley reconoce el deber ético que tiene el Estado de atender el sufrimiento de las víctimas, se enfoca en sus derechos y en las políticas que deben atenderlos; reconoce la existencia de un conflicto armado y sus afectados, sin importar si sus victimarios fueron la guerrilla, los paramilitares o el Estado; entiende la reparación integral más allá de una compensación monetaria; establece medidas individuales y colectivas en busca de la verdad, la justicia y la reparación; fija disposiciones especiales para infantes y mujeres, y define la restitución de tierras usurpadas como parte de la reparación.

El experto vasco en reparaciones y perito de la Corte Penal Internacional, Carlos Martín Beristáin, al confrontar este caso con una eventual ley de víctimas mexicana, señala que la colombiana es un buen modelo porque surgió de un proceso de consulta a las víctimas en todas las regiones y a las organizaciones de base que las acompañan, logró articularlas en una red y les permitió diseñar una propuesta que satisfaga sus necesidades.

“En el caso mexicano el proceso tiene que protegerse del espacio de polarización. Lo ideal es que cuente con cierto apoyo internacional, como el PNUD o el Alto Comisionado (de la ONU), que empuje un proceso de consulta en diferentes regiones para tener una foto de la realidad, de los impactos y las demandas de las víctimas, que pueda generar consensos, una agenda común, y activar una red nacional. Y habría que ver cómo sortear la cantidad de maneras que tiene el gobierno de dividir la responsabilidad, de fragmentar los procesos y de quitar legitimidad.”

 

Vacíos legales

 

Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, dice que aunque la aprobación de la ley es positiva tiene “vacíos y aspectos preocupantes”.

Entre las críticas menciona que no fue consultada con la población indígena o afro, que sólo reconoce a las víctimas a partir de 1985 y que –“como el conflicto está en curso”– no garantiza la seguridad ni la vida de las víctimas desplazadas y sus testigos que declararán para la devolución de tierras apropiadas por los verdugos y afectarán los intereses de los usurpadores que todavía tienen el control de las zonas.

Los políticos uribistas opuestos a la ley tienen serias dudas, la principal es cuánto costará reparar a un número desconocido de víctimas –que se calcula en millones de personas– y de dónde saldrá el dinero para hacerlo.

A su vez, el congresista Cepeda se queja de que en la reglamentación de la ley no se define cuánto se pagará a las víctimas y a los 4 millones de desplazados; aún se desconoce de dónde se obtendrán los recursos para las reparaciones y condiciona a la gente a recibir ayuda si se desiste de buscar justicia en los tribunales.

“El único horizonte que se plantea es de asistencialismo miserabilista. En unos años quizás 10 mil o millón y medio de personas serán reparadas, pero las estructuras de poder, los mecanismos de esta violencia seguirán intactos, los victimarios seguirán teniendo ese poder, disfrutándolo, habrán legalizado su situación. No hay cómo desactivar el conflicto ni los recursos ni un plan para hacerlo”, dice.

–¿Incluye también a las víctimas de los narcotraficantes?

–Quedaron excluidas las víctimas de la delincuencia común, aunque muchos actores políticos han utilizado al narcotráfico. La violencia del narco ha estado involucrada en el contexto político. El Estado se quiere presentar como si fuera un ente virgen y el narcotráfico fuera algo externo, aunque muchos han auspiciado y permitido varias formas de ilegalidad –explica.

El debate vigente es cómo desactivar los engranajes de la violencia para que no se acumulen nuevas víctimas mientras los políticos se ponen de acuerdo en los términos de la ley. Ese es el reto.

Anuncios

Acciones

Information

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s




A %d blogueros les gusta esto: